Después de meses de dilaciones, el Gobierno Nacional de Javier Milei reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad sancionada por el Congreso de la Nación. El decreto reglamentario salió luego del ultimátum que le hizo la Justicia. Ahora le pasaron la pelota a un consejo federal.
Efectivamente, de los 21 artículos que tiene la norma el Gobierno Nacional dejó 15 sin reglamentar. De esta manera vuelve a estirar los plazos para poner en marcha la emergencia en discapacidad y le da tiempo a la Justicia para que analice la apelación presentada contra el fallo de primera instancia que los obligó a reglamentarla.
La artimaña que usaron para no reglamentar toda la ley fue convocar al Consejo Federal de Discapacidad para que el organismo defina los criterios del nuevo sistema de pensiones. Ahora, la flamante Secretaría Nacional de Discapacidad tiene que llevar adelante esa convocatoria y acordar con las provincias todos esos detalles.
Ese trámite podría demorar meses ya que la administración libertaria pretende que “las medidas adicionales que se acuerden en el Consejo Federal serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento” entre todas las jurisdicciones. A esto se le suma que se instruyó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a elaborar un plan de auditorías periódicas que también será puesta a consideración de las provincias.
Junto con la implementación parcial de la ley de emergencia salió la designación de los titulares de la flamante Secretaría Nacional de Discapacidad. Se trata del organismo creado por el gobierno libertario tras cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en medio de escándalos de corrupción y recortes presupuestarios.
Como secretario nacional quedó el doctor Alejandro Vilches que viene de ser interventor de la ANDIS. Se trata de un médico egresado de la Universidad del Salvador con extensa trayectoria en el rubro. Fue funcionario del Ministerio de Salud de la Nación, asesor legislativo y de la Jefatura de Gabinete, funcionario del gobierno porteño, dirigió obras sociales, trabajó en la Armada Argentina y fue subgerente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad (IOSFA).
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue designado Gianfraco Sciglioano, un joven politólogo oriundo de Esteban Echeverría que era subdirector ejecutivo de la ya extinta ANDIS. Para completar, el abogado Esteban Giler quedó como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.