Por Decreto, el Gobierno Nacional comandado por Javier Milei declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por un plazo de 24 meses. La medida, que llegó con algo de demora, rige para todos los trenes de pasajeros y de carga con jurisdicción nacional. ¿Qué implicancias tiene?
Según la norma firmada por todo el gabinete libertario, las empresas estatales que operan los trenes y administran la infraestructura ferroviaria tienen quince días para presentar «una propuesta de medidas indispensables y urgentes a tomar». Una vez que cada una formalice el listado de obras indispensables para resguardar «la seguridad operativa» de los servicios, el Gobierno habilitaría los fondos necesarios para hacer esos trabajos.
Efectivamente, tras recortar los fondos a niveles peligrosos, las autoridades se comprometieron asignar un presupuesto adicional de más de un billón de pesos ($1,293 billones) «para el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional». Estos fondos deberán usarse para los planes mencionados en el párrafo anterior y de ese total, unos 350 mil millones se ejecutarán este año.
Paralelamente, salió un Decreto que reglamentó la emergencia ferroviaria. La norma dejó a la Secretaría de Transporte, hoy a cargo de Franco Mogetta y dependiente del Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación. Esta cartera podrá revisar todos los contratos vigentes, renegociarlos y también dejarlos sin efecto si lo considera necesario.
Vale recordar que la promesa original de la administración libertaria era desprenderse de todo el sistema de trenes. De hecho, las empresas estatales del sector estaban en la lista de las compañías sujetas a privatización compuesta por más de 40 compañías. Ahora, solo quedaron ocho, pero dos de ellas están vinculadas a la infraestructura ferroviaria nacional: Belgrano Cargas y Logística S.A. y Sociedad Operadora Ferroviaria.