A partir de un comunicado del colegio de farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, advirtieron que desde hace tiempo existen distorsiones en la cadena de comercialización de los medicamentos que comienza en los laboratorios productores, que son quienes fijan los precios, y continúa a través de droguerías y distribuidoras hasta las farmacias. El mismo dice que:
«A raíz de la coyuntura política, o por mera especulación, algunas empresas pusieron tope a la cantidad de unidades de medicamentos que le venden a las farmacias, modificaron desfavorablemente las condiciones de compra y plazos de pago, recortando los recursos de las mismas, que en su mayoría son unipersonales o familiares, y afectando la posibilidad de seguir brindando un servicio de calidad a nuestros pacientes.
Para agravar la situación la mayoría de las obras sociales mantienen plazos de pago ajenos a la crisis inflacionaria actual, con tiempos que van desde 45, 60 y hasta 90 días, un factor que impacta en la economía de las farmacias y hace inviable la atención a sus afiliados.
De mantener estas nuevas imposiciones comerciales y los tiempos de pago de la seguridad social (obras sociales y prepagas) peligra seriamente el servicio farmacéutico, la atención a la comunidad y la cadena de pago».