El Gobierno nacional inició este martes el proceso de privatización de AySA, que brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El procedimiento buscará transferir al sector privado el 90% del paquete accionario que posee, dentro de los próximos ocho meses.
Así quedó establecido con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo.
La medida se concretó casi un mes después de que el Gobierno iniciara el proceso por intermedio del Decreto 494/2025, luego de realizar una serie de cambios en el marco regulatorio de la empresa a través de un DNU.
Aquel documento, al que refiere la última Resolución, indicó que la privatización se realizará “bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90 % del capital social” de la empresa.
Respecto al 10% restante del paquete accionario, el Gobierno informó en su momento que los empleados de la empresa permanecerán como accionistas, acción que se enmarcará dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente en la compañía.
En el artículo 2° del texto publicado este martes, se instruye “a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’ del Ministerio de Economía a coordinar las acciones necesarias para “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario” y “concretar la venta dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.
Además, la Unidad Ejecutora deberá ejecutar “las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) que no hayan sido vendidas de conformidad con lo previsto en el inciso a del artículo 2° del decreto 494/2025”.
En otro artículo, se instruyó a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a “elaborar la documentación licitatoria -técnica y contractual- del proceso de privatización, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente, debiendo contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria”.
Esa misma Secretaría, en paralelo, tendrá que “arbitrar los medios necesarios para que lo dispuesto por la presente medida no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
AySA, incluida en la lista de las ocho compañías sujetas a privatización prevista en la Ley Bases sancionada en julio de 2024, es una empresa que tiene la estructura de una sociedad anónima privada en la que el Estado es el mayor accionista. (DIB)