Así lo señaló el titular de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. Hay 6300 escuelas privadas en el territorio bonaerense.
El director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, confirmó que la administración bonaerense seguirá poniendo topes a los aumentos que apliquen las escuelas privadas, tras la decisión del Gobierno nacional de derogar una resolución sobre las cuotas.
“En la Provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 están subvencionados por el Estado”, subrayó Sileoni en Radio Provincia. Por eso, agregó que “la mayoría tiene una subvención que se dedica a sostener entre el 80 y 100% de los salarios”.
En ese plano, sostuvo que el Gobierno provincial tiene «respeto» por la educación privada ya que representan “el 30% del sistema educativo bonaerense” y ofrecen “un enorme testimonio social”. En ese orden, recalcó que hay “reconocimiento a las escuelas privadas, subvención a las escuelas privadas y topes en las cuotas y matrículas para defender el bolsillo de las familias”.
Las escuelas privadas celebraron la derogación de la norma sobre las cuotas
Tras la decisión del Ministerio de Economía de desogar una resolución por la que los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y, en función de un análisis, se permitían los aumentos, desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) celebraron la medida.
Su presidente, Martín Zurita, aseguró que esa medida «no significa una desregulación» ya que se trataba de un «trámite burocrático».
Por eso, marcó que «se derogó una resolución que era de 1999, a través de la cual las 14.000 escuelas privadas del país teníamos que informar a la Secretaría de Comercio los valores de la cuota. Realmente era un trámite burocrático porque las escuelas estamos controladas por cada provincia».
En declaraciones radiales, Zurita explicó que «todos los años informamos al Gobierno de la provincia y después nos pedía también Nación un trámite», lo que representaba «un trabajo extra que insume tiempo y es un trámite que ya lo hacen las provincias y está de más, es la burocracia que desde 1999 generaba una resolución y la verdad que no le veíamos ningún sentido».