Las empresas de colectivos que brindan el servicio de transporte público por el conurbano bonaerense están en una encrucijada. Por un lado, padecen el ahogo económico por los subsidios que les adeuda el Gobierno Nacional. Por otro, los choferes nucleados en la UTA les piden un aumento salarial. En este contexto, la provincia de Buenos Aires les hizo un guiño.
A través de la Resolución 88, el Ministerio de Transporte bonaerense suspendió por 180 días la obligatoriedad de colocar cámaras de seguridad en las unidades. La decisión surgió luego de un pedido formal presentado por las cámaras representativas del sector quienes hablaron de una «insuficiencia de ingresos» por «la falta de actualización de los costos del sector» de parte de las autoridades nacionales.
La cartera que lidera Jorge D’Onofrio, a través de su Dirección Provincial de Transporte de Pasajeros, admitió que «resulta imperioso suspender» la medida adoptada en 2023 por la «grave crisis económica y financiera que atraviesa el sector».
De esta manera, las empresas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán 6 meses más para adaptar sus coches a la normativa. Hasta ahora, el 1° de febrero era la fecha límite para instalar las cámaras de monitoreo porque desde esa fecha sería un requisito obligatorio para otorgar la VTV a cada unidad.
Colectivos con cámaras de seguridad
En rigor, la Ley que estableció la obligación de tener cámaras de seguridad y monitoreo en los vehículos de transporte público es de 2017, pero nunca se terminó de implementar. En 2021, el gobierno bonaerense decidió darle un nuevo impulso incluyendo este requisito en la Verificación Técnica Vehicular de los colectivos.
Sin embargo, lo que terminó acelerando el proceso fue el asesinato del chofer Daniel Barrientos que generó una manifestación en la que golpearon al por entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.
En medio de esa crisis, Axel Kicillof convocó a las cámaras empresarias y a autoridades de la UTA para intentar calmar las aguas. El 10 de abril de 2023 acordaron poner a transmitir unas 1800 cámaras de seguridad ya instaladas en colectivos de distintas líneas.
Al poco tiempo, la tensión volvió a escalar porque desde las empresas aseguraron no tener fondos suficientes para seguir instalando cámaras y desde Provincia amenazaron con «accionar judicialmente».