El desplome de la industria en el inicio de este 2024 puso en alerta a los empresarios del sector que advierten por un inminente cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo. En las últimas semanas se aceleraron las suspensiones, partes de plantas, vacaciones anticipadas y suspensión de personal.
La fuerte caída del consumo producto de la licuación del poder adquisitivo en estos primeros meses del Gobierno de Javier Milei tienen un efecto directo en las pymes, que dependen en su mayoría de la demanda interna. En el sector hay cada vez menos entusiasmo con un posible “segundo semestre” en un escenario de menos ingresos y fuerte aumento de costos, como en el caso de la energía.
La producción industrial cayó 5,6% durante el primer bimestre si se compara con el mismo período del año pasado y se ubicó 15% por debajo del último pico, en mayo de 2022, en el inicio de la escasez de dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), según el relevamiento que realiza mensualmente la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel).
Esa merma va en línea con los números que manejan las cámaras empresariales de todo el país mientras que el Indec marcó para enero, último dato disponible, una retracción del 12,4 por ciento.
Es en ese marco en el que cada vez más empresarios comienzan a alzar la voz sobre el impacto de la crisis en sus sectores. La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) publicó un comunicado la semana pasada en el que detallaron que desde diciembre más del 71% de sus empresas reportaron disminuciones en sus ventas, ajustes en sus niveles de producción y dificultades para mantener sus plantillas de personal.
El 77% de las ramas fabriles de la provincia tuvieron caídas que en algunos casos superan los 55 puntos respecto al año pasado. Representan el segundo PBI industrial de la Argentina.
A eso sumaron los incrementos en el costo de la energía, insumo crítico para la industria, y la preocupación por el anuncio de una mayor facilidad para importar productos finales de la canasta básica, el mecanismo con el que el Gobierno espera apuntalar la baja de la inflación. El Fefisfe alertó por “inimentes pérdidas de empresas y empleos industriales”, además de reclamar al Gobierno medidas que fomenten la producción nacional.
El caso más paradigmático es el de Acindar en donde hubo una suspensión rotativa, que incluye reducción de salarios, de 1.700 empleados de empresas contratistas en la planta de Villa Constitución, Santa Fé, hasta el 15 de junio. La siderúrgica, una de las dos más importantes del país, ya había frenado durante un mes, desde el 18 de marzo hasta el 15 de abril, sus cuatro fábricas en todo el país.
En las últimas horas fuentes sindicales indicaron que Toyota, principal automotriz del país y ejemplo de competitividad para la exportación, podría abrir un retiro voluntario para 400 empleados ante la caída de la demanda en el mercado local. Desde la empresa no quisieron brindar detalles ante la consulta de Infobae pero no desmintieron la información.
El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, resaltó algunos testimonios que recogió en su entidad durante una conferencia de prensa en la que presentó el tercer informe mensual del Observatorio Pyme: “Tenemos el caso de una empresa del rubro textil que va a despedir a la mitad de su plantilla y otro caso de fabricante de muebles que directamente va a cerrar. La caída de la demanda genera menos producción, ajuste de inversiones y lo último que se intenta tocar son los empleados. El trabajador es nuestro mayor capital”.
Rosato se mostró preocupado por los aumentos que comenzaron a llegar en las boletas de luz: “Mi empresa con consumo de hasta 300 kwh por mes pagó 300% más cara la boleta de febrero que la de enero. Ese salto de un mes al otro”.
El trabajo, realizado por las consultoras Marca Pyme y Epyca, anticipa una recuperación lenta pero a dos velocidades: más dinamismo en los sectores vinculados al mercado externo como el agro, la minería y la energía y una caída para los que dependen del mercado interno.
También alerta por el impacto de la flexibilización en las condiciones para importar productos de la canasta básica, ya que implica un incentivo a la competencia desleal de importadores que traerán productos finales frente a pymes que aún tienen restricciones para el pago de insumos y enfrentan un aumento en sus costos, como el Impuesto PAIS.
En el Gobierno sostienen que una mayor competencia servirá para que en las gónadas haya mayor competencia, precios más bajos, y apuntalar la baja de la inflación. La medida motivó hace dos semanas la primera queja fuerte de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuyo presidente, Daniel Funes de Rioja, ratificó su apoyo al programa económico de Milei y a la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 que se encuentra suspendida por la Justicia.
Desde un sector de las pymes que forman parte de la Casa Fabril se pide que haya un llamado de atención más contundente al Gobierno por la profundización de la crisis, en vistas de que son las primeras afectadas. De la reunión de Junta Directiva que se celebró el martes 14 en la sede del microcentro porteño de la entidad surgió un comunicado en el que se destacó la caída del mercado interno, el impacto del incremento de costos y el efecto de abrir importaciones.
“Se marcó la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos de política industrial (líneas de financiamiento, medidas tributarias, laborales, entre otras), junto con acciones para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales ante un escenario recesivo. Se destacó la importancia de generar una pronta recuperación del nivel de actividad para lograr las metas fiscales, monetarias y cambiarias sosteniendo el nivel de empleo y producción”, decía el texto difundido por la UIA.
El informe de Fiel finaliza con una conclusión que resume la expectativa del sector si no mejora la demanda interna: “En el corto plazo no se tienen señales de reversión de la recesión industrial”.