La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó hoy la intervención de la Obra Social
de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA), decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, y advirtió sobre una decisión judicial que afecta el proceso legal.
A través de un comunicado, la Superintendencia expresó que «desde el comienzo del año, este organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud».
En ese marco, «se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante».
Asimismo, el organismo remarcó que «fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara –a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos
millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio».
«El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado», añade la nota.
Finalmente, el organismo sostuvo que su objetivo es «reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios».
Desde Osprera confirmaron que la Justicia revertió la acción de SSS
Por su parte mediante una comunicación, desde el gremio UATRE, informaron que la Justicia Federal Penal acaba de revertir una de las decisiones más refutadas de la Superintendencia de Servicios de Salud. Con un fallo especialmente duro a la gestión del Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo, dejó sin efecto el Decreto de Javier Milei y determinó que deberán devolver el control de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El magistrado, además, le pide a Oriolo que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó «la suspensión preventiva de los efectos la resolución fecha 05/08/2024 RESOL-2024-1612-APN-SSS#MS», con la que se intervino la institución «haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla».
El fallo llega luego de la presentación judicial del líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la Osprera Lucas Eksiyan.
Para el Juez, el estado contable «crítico» que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el «análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023» en el que «Se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido».