Tras los decretos del Ejecutivo nacional contra las leyes que actualizaban que el aumento presupuestario de universidades públicas y los servicios de salud pediátrica, los trabajadores de ambos sectores repudiaron la decisión y anunciaron una movilización conjunta.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y profesionales del Hospital Garrahan anunciaron que acordaron confluir en una gran manifestación nacional, a realizarse el día que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
En la misma línea, en una conferencia de prensa, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi y el presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa y Franco Bartolacci, explicaron que “la crisis del sistema universitario está en un punto extremo”.
Los universitarios señalaron en un comunicado que «el Gobierno puso en crisis este segundo cuatrimestre y el final de las cursadas», al tiempo que aseguraron que a través de los vetos, el presidente Javier Milei «volvió a mostrar insensibilidad en temas que son trascendentes para la sociedad argentina».
Asimismo, aseguraron que la Ley de Financiamiento Educativo Universitario «no pone en riesgo el equilibrio fiscal de las cuentas del Estado», y «no es contra nadie, es a favor de todos», ya que «se trata de cuidar lo que nos une y enorgullece, el valor de la educación pública».
La ley universitaria propone actualizar partidas presupuestarias por inflación acumulada 2023-2024 y recomposición salarial docente desde diciembre de 2023 con actualizaciones mensuales por Índice de Precios al Consumidor (IPC). La emergencia pediátrica implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio-diciembre.
De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución nacional, un proyecto de ley es aprobado por el Poder Ejecutivo si no es devuelto al Congreso en el plazo de diez días hábiles, que se cuentan a partir de la comunicación formal al Ejecutivo. Con los vetos del presidente confirmados, ahora queda ver si el Congreso insiste con las leyes, como ocurrió con el caso de la emergencia de discapacidad. (DIB)