El Presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, estuvo en Bien de Mañana hablando sobre la importancia de garantizar el derecho a la vida de las personas que sólo pueden vivir si están conectadas.
Cada vez que la casa sufría algún desperfecto eléctrico o en el edificio se cortaba la luz, Mauro Stefanizzi tenía que salir corriendo a buscar un lugar donde su hijo pudiera respirar. Lo que para otros era molesto porque el ventilador se apagaba o la heladera dejaba de funcionar, para Mauro y su familia era una cuestión de vida o muerte.
Joaquín Stefanizzi fue el punto de conexión entre su familia y las cuestiones vinculadas a la electrodependencia. El 15 de marzo se cumplieron dos años desde el día que Joaquín falleció, pero Mauro no abandonó la lucha y se convirtió en el Presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Después de haber sufrido en carne propia la desesperación por no poder pagar la electricidad que le permitía respirar a su propio hijo, decidió seguir haciendo fuerza para que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo mismo.
Mauro es autor de dos libros: Joaco nos conecta, donde cuenta cómo atravesaron como familia el proceso de Joaquín, que incluyó varias internaciones y procesos quirúrgicos; y Conectados a la vida, donde habla de la lucha que se tuvo que poner en marcha para lograr «una ley que protegiera el derecho a la salud y a la vida».
El 17 de mayo de 2017 se aprobó la ley de electrodependencia y en 2021 se aprobó la ley que marca esa fecha como el Día Nacional de las Personas Electrodependientes. Antes de que se aprobara esa ley, las personas que requerían de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento que les resultaba imprescindible para vivir, tenían que contar todos los meses con el dinero para pagar la electricidad que los mantenía con vida. La ley establece la gratuidad del servicio eléctrico para los usuarios electrodependientes y la obligación a las empresas de entregar una fuente alternativa de energía. El beneficio aplica a todo ciudadano inscripto en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, pero como suele pasar, lo que está escrito no se cumple por completo.
«Es una ley que en su momento se reglamentó mal porque exigían requisitos imposibles de cumplir por muchas familias, que tenían que gastar más de $100.000 en refacciones internas para poder acceder a ese derecho», explica Mauro y agrega: «en el caso de las Cooperativas no se presentó esa dificultad: algunos entregaron paneles solares, grupos electrógenos o baterías. Recien ahora, cinco años después de la sanción, la ley se está pudiendo llevar a la práctica en ese punto. La gratuidad sí estuvo garantizada desde 2017».
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