En la previa de la cuarta marcha federal universitaria, el Gobierno Nacional publicó un video para ratificar su postura. Los cuestionamientos de la administración libertaria se centran en la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde donde ya salieron a responderle. La movilización de hoy promete ser multitudinaria.
La protesta, que se va a replicar en todo el país, es para reclamar que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. El acto central es a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo. Ahí se van a encontrar agrupaciones estudiantiles, docentes, no docentes, rectores y también confirmaron su asistencia la CGT, la izquierda y distintos sectores del peronismo.
A sabiendas de que la marcha federal será contundente, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, publicó un video anoche ratificando la postura del Gobierno. Además, anunció que “en las próximas semanas” van a presentar un micrositio con todos los datos del sistema universitario. “De este modo los argentinos podrán estar al tanto de las estadísticas reales”, afirmó.
Es que, según Álvarez, no es que haya recortes presupuestarios, sino que las instituciones administran mal los recursos. “Cada egresado de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) significa una erogación para todos los argentinos de alrededor de 400 millones de pesos”, dice en el video que publicó anoche el Ministerio de Capital Humano.
Más allá de esa mención a la UNA, el funcionario enfocó sus críticas en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Primero porque “quiere quedarse con el 95% del refuerzo para los hospitales universitarios dejando solo el 5% para que funcionen los de todo el país”. En segundo lugar, recordó la medida judicial interpuesta por las autoridades de esa casa de estudios “para no dejarse auditar por la Sindicatura General de la Nación”.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, no tardó en hacerse eco de estas declaraciones. “Mienten sin vergüenza”, sostuvo. Según él, “bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales”.
El trajín de la ley de financiamiento universitario
Más allá de conflictos concretos, la marcha federal universitaria de hoy es para pedirle al Gobierno Nacional que implemente la ley de financiamiento universitario. Se trata de una norma que ya cumple 200 días de sancionada, pero que nunca entró en vigencia. Hoy está en algún cajón de la Corte Suprema de Justicia esperando una decisión final.
Todo comenzó el 6 de agosto de 2025 cuando obtuvo su primera media sanción en la Cámara de Diputados. El 21 de ese mes pasó por el Senado y fue aprobada definitivamente.
El 10 de septiembre salió el veto del presidente Javier Milei y la dejó sin efecto. En sus argumentos, la administración libertaria decía que la norma no decía de dónde debían salir los fondos para afrontar los gastos adicionales previstos en la ley.
El 17 de septiembre se rechazó el veto presidencial en la Cámara de Diputados y el 2 de octubre el Senado aprobó definitivamente el rechazo a la anulación.
En ese contexto, Milei no tuvo más remedio que promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, cosa que hizo el 21 de octubre. Sin embargo, nunca la ejecutó y ahí fue que los rectores, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fueron a la Justicia.
El capítulo judicial lo abrió el juez federal Enrique Cormi con una medida cautelar firmada el 23 de diciembre que obligaba a Nación a aplicar la ley en su totalidad. Este fallo fue apelado, pero la Cámara Contencioso Administrativa lo confirmó y le dio un ultimátum a la administración libertaria.
Finalmente, ya llegando a principios de mayo de este año, el Gobierno Nacional consiguió un recurso extraordinario para que la norma sea tratada por el máximo tribunal.