Mientras crece el deterioro de las rutas nacionales, dirigentes del massismo cuestionaron al Gobierno de Javier Milei por el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. También apuntaron contra el freno de obras y el eventual traspaso de corredores viales a las provincias sin financiamiento.
En el marco de una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, referentes del Frente Renovador cuestionaron el manejo de los recursos destinados a la infraestructura vial y advirtieron por el deterioro de corredores estratégicos para la producción y la seguridad vial. El planteo apunta especialmente al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según denunciaron, pese a que los automovilistas continúan pagando ese tributo, los fondos no estarían siendo utilizados para las obras de mantenimiento y reparación de las rutas para las que fueron previstos.
De la exposición participaron la diputada nacional Marina Salzmann, la legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti y el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, quienes pusieron el foco en distintos corredores viales de la provincia de Buenos Aires y reclamaron explicaciones al Gobierno nacional.
EL RECLAMO POR LOS FONDOS DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES
Salzmann recordó que a comienzos de agosto presentó un pedido de informes para conocer el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, aunque señaló que la iniciativa todavía no fue tratada.
La diputada del Frente Renovador también mencionó una iniciativa impulsada junto a otros legisladores para reclamar la interpelación pública del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que explique ante el conjunto de la sociedad cuál fue el destino de esos fondos.
Para Salzmann, la falta de respuestas forma parte de una estrategia del Gobierno nacional que combina el abandono de las rutas con una reducción de las estructuras estatales vinculadas a la seguridad vial. En ese sentido, cuestionó el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y sostuvo que unos 1.300 profesionales fueron despedidos y no reemplazados. Según su planteo, ese escenario podría desembocar en la transferencia de corredores a las provincias o en la concesión de rutas a privados.
“El Estado Nacional está abandonando directamente su función como articulador en la conectividad de la Argentina”, sostuvo Salzmann, quien advirtió por las consecuencias que esto puede tener tanto para el transporte y la producción como para quienes circulan diariamente por las rutas. Entre los ejemplos mencionados apareció la Ruta 40, cuyo deterioro y paralización de obras afecta a distintos municipios bonaerenses.
CUÁNTO DINERO SE RECAUDA Y QUÉ PASA CON LAS RUTAS BONAERENSES
Rasquetti, por su parte, puso el foco en la relación entre la recaudación del impuesto a los combustibles y la falta de obras. La legisladora sostuvo que el Gobierno nacional continúa incrementando el tributo mientras los recursos no se destinan a las obras viales para las que fueron creados. “La plata sí está, pero no se usa para lo que está destinada”, afirmó.
A partir de una estimación realizada sobre la recaudación del ICL, Rasquetti sostuvo que en territorio bonaerense esos recursos podrían haber alcanzado para construir unos 6.720 kilómetros de rutas, una cifra superior a los 4.672 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia. “Milei y Caputo ponen en riesgo la vida de la gente para mantener el espejismo fiscal del Gobierno”, concluyó.
RUTA 3 Y RUTA 228: EL RECLAMO DESDE TRES ARROYOS
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, trasladó la discusión al territorio y expuso la situación de dos corredores fundamentales para el sur bonaerense: las rutas nacionales 3 y 228. Ambas vías son utilizadas diariamente por camiones y vehículos particulares y tienen un rol estratégico para la conexión con los puertos de Bahía Blanca y Quequén.
Sobre la Ruta 228, Garate aseguró que nunca había visto ese corredor “en el estado lamentable en el que se encuentra hoy en día”. En cuanto a la Ruta 3, sostuvo que el deterioro se profundiza año tras año. El intendente también señaló problemas vinculados con la falta de mantenimiento, iluminación y obras que permanecen inconclusas en distintos tramos.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la seguridad vial. Según explicó, los puntos donde más accidentes se producen en Tres Arroyos coinciden con los lugares en los que los vecinos deben atravesar las rutas. Incluso, el municipio ofreció hacerse cargo de tareas de bacheo, aunque Garate afirmó que todavía no cuenta con autorización de Vialidad Nacional para avanzar.
EL CONFLICTO POR LAS RUTAS TAMBIÉN ATRAVIESA AL PERONISMO BONAERENSE
El reclamo por el deterioro de la infraestructura vial se cruza, además, con una discusión política que ya había generado tensiones dentro del propio peronismo bonaerense: quién debe hacerse cargo de las rutas nacionales que Nación dejó de mantener y con qué recursos. Uno de los casos que expuso esa tensión fue el de la Ruta 40. En julio, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, volvió a reclamarle al Gobierno nacional el traspaso de la autopista Presidente Perón, una obra que quedó paralizada y todavía tiene más de 30 kilómetros sin asfaltar.
El planteo de Katopodis generó una respuesta dentro del propio Frente Renovador. Salzmann le reclamó públicamente que, si la Provincia no cuenta con recursos suficientes para terminar las rutas provinciales, explique de dónde saldría el financiamiento para hacerse cargo de nuevas rutas transferidas por Nación. La discusión no es menor: la Provincia pretende completar la obra de la autopista Presidente Perón y administrarla junto a un consorcio de intendentes, pero para eso necesita que el Gobierno nacional transfiera la jurisdicción. Al mismo tiempo, en territorio bonaerense advierten que los recursos provinciales son limitados.